Cada vez que el presidente piensa, dice o hace algo, es evidente cómo calcula cada uno de sus actos, con la sagacidad de un tahúr, como decían las abuelas, ¨no da puntada sin dedal¨, y hace las cosas siempre para sacar provecho, sin que le afecten, no importa que pase por encima de quién o de qué, y con un ‘utilitarismo salvaje’, como lo es su capitalismo neoliberal, su gobierno de tercera vía, y una incoherencia manifiesta, su ‘castrochavismo’ tácito, y su relación con sus nuevos mejores amigos, los de las FARC.
Resulta que hace unos días sancionó la Ley 1864 de agosto del 2017, que modifica el Código Penal y contempla penas entre cuatro y ocho años de cárcel, también altas multas a quienes violen los topes de gastos en campañas electorales o utilicen recursos para estos fines de fuentes prohibidas.
Y es justo ahí dónde el pueblo se indigna, Santos y su campaña tienen rabo de paja, esa ley debería ser retroactiva, él y su séquito no tienen autoridad moral para posar de renovadores cuando saben que el Consejo Nacional Electoral los sacará inocentes en las ‘investigaciones’, y que a futuro ya no se verán salpicados, además su reelección y su Nobel ya se lograron, no importa a qué costo.
El pago de $1.200 millones de pesos por parte de la multinacional brasilera Odebrecht para una ‘dizque’ encuesta de opinión, a través de la agencia Sancho Publicidad, con Roberto Prieto (gerente de su campaña) de por medio, esto en 2014, es un escándalo que el presidente tapará con las cortinas, no las de palacio que costaron millones, sino las de humo, en lo cual es experto, con la ayuda de algunos medios ‘enmermelados’. Roberto Prieto, en 2010, creó una sociedad comercial en Panamá y abrió una cuenta en un banco en la que le consignaron US$450.000 por parte de Odebrecht para el pago de un trabajo publicitario para la campaña de Juan Manuel Santos de ese año. Es claro que toda esa plata entró a las arcas de las campañas del hoy presidente.
“El gerente de la campaña electoral que permitan en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.
Según esa ley, Santos y todos los de su campaña deberían estar ya detrás de los barrotes.
La ley sancionada la semana pasada determina ¨multas entre 50 y 200 SMLMV por el delito de perturbación del sistema democrático. También habrá multas para quienes cometan constreñimiento al sufragante. En este último delito, la pena oscila entre cuatro y nueve años de prisión, sin embargo, podría aumentarse de la mitad al doble en caso de que sea cometido por un servidor público¨
La mermelada si que perturbó el Sistema Democrático al igual que las amenazas de Santos a los votantes que las FARC se tomarían las ciudades si no ganaba el Sí. Lo paradójico es que ganó el NO y el presidente se pasó por la faja el mandato del pueblo.
Las penas se aumentan cuando exista fraude al sufragante. En este caso, las penas de cuatro y ocho años podrían aumentar una tercera parte cuando y de la mitad al doble cuando la conducta “este mediada por amenazas de pérdidas de servicios públicos estatales o beneficios otorgados con ocasión de la ejecución de programas sociales…”.
Eso es exactamente lo que ha hecho Santos en estos siete años de gobierno, amenazar con quitar subsidios o comprar votos con subsidios.
La ley no habla de los que se asocien con Ñoños, para lograr votos a diestra y siniestra, ni a los que utilicen el aparato estatal para comprar conciencias en el ejecutivo, legislativo y judicial, fomentando la corrupción, en eso si que este gobierno fue campeón.
Se podría cuestionar también la legitimidad del presidente Santos, que se hizo reelegir violando todas las normas establecidas, que le entregó el país a las FARC, que le importó un bledo el resultado del plebiscito, que tiene comprada la mayoría en el Congreso, amarrados con prebendas los partidos de la dizque ‘Unidad Nacional’, que maneja a su antojo las Cortes, el Consejo de Estado, a los magistrados, que ‘almendró’ y ‘enmermeló’ muchos medios y muchos periodistas, que tiene una imagen negativa muy alta entre los colombianos, y que ahora, sancionando leyes que ya no le castigan, pretende posar de digno.
La historia dirá escuetamente que Santos fue el peor presidente que tuvo Colombia, que abusó, jugó y ‘marranió’ con el poder, que se rodeó de incapaces, como lo hacen los caudillos, (los líderes se rodean de gente eficiente y delegan), y que permeó todas las instituciones con dádivas para cumplir con sus egos personales. Que dejó una Colombia quebrada, con una paz mentirosa, con un alto desempleo, con escandalosos índices de inseguridad, con una economía solo buena para los grandes grupos económicos, pero para la gente de a pie, desquebrajada.
En fin, que sancionó leyes a posteriori, que no lo castigan, burlándose del pueblo, y que gobernó para la comunidad internacional pero no para los colombianos.
P.D. Y lo más irónico, el presidente Santos escribiendo artículos en el País de España https://elpais.com/elpais/2017/08/16/opinion/1502878814_934471.html en contra de Maduro y dizque a favor de la democracia, ¡Háganos el favor!
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