¿Por qué deberían acabarse las elecciones locales en Colombia?

Con la constitución del 91 se permitió por primera vez la elección popular de gobernadores. Desde entonces el poder regional se convirtió en un tesoro de piratas corruptos heredado de generación en generación, con muy pocas excepciones. 

La democracia no solo tiene que ver con la materialización de la acción del voto. El sistema político que ha organizado a los estados en su interacción con los ciudadanos con mayor extensión desde el siglo XX luego del fin de la segunda guerra mundial, tiene que ver con un ejercicio de representatividad en donde hombres, y más recientemente mujeres, todos y todas quienes estén habilitados por la ley y tengan el deseo de hacerlo, pueden competir en libertad para convencer con sus ideas a los ciudadanos y acceder a la representación en el gobierno. Su trabajo es servir a los ciudadanos, garantizar el orden y la justicia y ejercer el poder con el mandato de sus jefes: los miembros de la sociedad organizada. 

La democracia nació como una alternativa para ampliar el poder a los ciudadanos y quitársela a los reyes quienes se asumían como dueños legítimos de la tierra y absolutos poderosos incuestionables. La revolución francesa permitió el reconocimiento de derechos  humanos universales, e inició el camino para que todos las personas que convivían en un territorio común tuvieran una relación con el poder, más allá del destino de ser gobernados por los linajes reales y la herencia perenne de las familias divinas. 

Parece que no mucho ha cambiado. En Colombia con la Constitución de 1991 se permitió la elección local de gobernadores y alcaldes para cada departamento y municipio. Antes los gobernadores eran elegidos por el presidente y los alcaldes a su vez por los primeros para periodos de dos años. Es hora de volver a ese modelo, pero con los ajustes pertinentes de la era actual.

Colombia no es un estado federalista. La Constitución opera conjuntamente para todos los departamentos y lo que está prohibido por el Congreso, está prohibido en todo el territorio nacional. Los departamentos no hacen sus propias leyes, no legislan, como funciona en Estados Unidos. Las asambleas departamentales tienen la función de hacer control político y sacar adelante proyectos para la región. Lo mismo hacen los concejos que le aprueban también los programas de gobierno y el presupuesto a los alcaldes. Pero como en las viejas monarquías gobernantes de la edad media, el poder en las regiones se ha convertido en una olorosa caja de corrupción que cada cuatro años se entrega a las siguientes manos para que mantengan el status quo: contratos para los amigos, el pago de las deudas de las campañas, y el gobierno para heredar el poder, no para los ciudadanos. 

Antes los gobernadores eran elegidos por el presidente y los alcaldes a su vez por los primeros para periodos de dos años. Es hora de volver a ese modelo, pero con los ajustes pertinentes de la era actual».

Así ha funcionado en Bolívar, en La Guajira, en el Quindío, en Santander, en el Meta, en Atlántico, y en todos los departamentos en los que las familias atornilladas a las sillas de la administración tienen a sus grupos políticos, sus congresistas, sus medios comprados, y sus votos no genuinos para mantener la corrupción. Y ganar es fácil. 

Las autoridades locales no actúan de forma contundente y algunas veces prefieren no darse cuenta de los planes mafiosos.  Los ciudadanos escuchan fácilmente propuestas populistas irrealizables o acceden a dinero o beneficios para elegir. Aida Merlano es solo un caso. 

No he escuchado al primer político que proponga regresar a como estaban las cosas antes del 91, y quiero aclarar que no se trata de gobernar desde Bogotá. 

En un país con los problemas de corrupción como el nuestro, en donde año tras año se esfuman los recursos públicos, producto de los impuestos de los ciudadanos, las elecciones en las regiones deberían definirse desde la campaña presidencial. 

Así las cosas los ciudadanos de todas las regiones tendrían que exigirle a los candidatos presidenciales cada cuatro años planes específicos para resolver los problemas de sus territorios. Y los candidatos pasarían a tener que pensar programas de gobierno detallados para los problemas en cada lugar. Los debates dejarían de ser sobre hechos insulsos como el aborto, la JEP, o el consumo y pasarían a ser sobre propuestas específicas para mejorar la vida de los ciudadanos, que es la razón de gobernar. 

Claro, tiene que ser con reglas. Una vez el presidente se posesione delegaría a un administrador público para cada región y municipio que tiene que ser de allí y tener una trayectoria no política, sino de experiencia y reconocimiento ciudadano. Los delegados deben ser nada menos que expertos en gestión pública y serán elegidos por el presidente para cumplir con el programa con el que ganaron las elecciones. Cada cuatro años los ciudadanos del país eligen presidente no solo por ideales y valores, sino por problemas específicos a solucionar en cada región. Si un delegado se mete en enredos, el ejecutivo está en toda capacidad de remplazarlo y las autoridades deben investigar y llegar a consecuencias sin amiguismo. Ya no habrá capacidad de corrupción porque el poder no le pertenece a los corruptos sino al ejecutivo que quiere cumplir su plan de gobierno y ganarse el reconocimiento de los ciudadanos, para quienes trabaja.

Todas las regiones avanzarían en sincronía con el plan que los ciudadanos eligieron y los recursos públicos dejarían de ser la caja pequeña de los poderosos que hoy por hoy son los reyes criollos en los territorios. Ya no habrá cargos para los amigos y, al acabarse las campañas locales, los delegados no tendrán que llegar a pagar favores políticos. 

Claro, tiene que ser con reglas. Una vez el presidente se posesione delegaría a un administrador público para cada región y municipio que tiene que ser de allí y tener una trayectoria no política, sino de experiencia y reconocimiento ciudadano».

Sin embargo, a nadie le interesa dar este debate por varias razones. Se necesita una nueva constitución, y ningún político, no aún los congresistas, quieren perder el poder que significa tener alcaldes y gobernadores propios en las regiones de donde son oriundos. Esto es cargos, recursos, contratos, etc. Por ahora tendremos que seguir viendo cómo las regiones continúan deteniéndose en el letargo de la corrupción tradicional que ahoga a la democracia, pero la pinta de colores y de promesas estúpidas en un ciclo interminable. 

En otras cosas: En Armenia la corrupción es la regla. Hay muchas cosas que los ciudadanos deben saber y que los medios locales no han revelado. Seguiremos hablando del Quindío y sus mafias.

@santiagoangelp