Pasaron casi cinco años de la más reciente pandemia y no aprendimos mucho. Según el último índice de Paz Global elaborado por el Institute for Economics and Peace, actualmente hay 56 conflictos armados activos y 92 países involucrados en enfrentamientos en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Seguimos asfixiando el planeta.
Pero también se cumplieron cinco años del denominado 21N liderado por las juventudes en Colombia, el mismo que se originó por el descontento hacia la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la falta de oportunidades, inconformidad con la gestión estatal, el incumplimiento de acuerdos de paz y la violencia contra líderes sociales.
Imagen de las movilizaciones sociales del 21 de noviembre de 2019 tomada por Mauricio Moreno. EL TIEMPO.
Ahora, cinco años después de intensas de manifestaciones que permanecieron por 3 años, he reflexionado sobre algunas enseñanzas.
Lo bueno
La protección del derecho fundamental de la protesta. Entender que es un medio para reclamar otros derechos fundamentales. Comprender que es una forma directa de participación política y que es un canal para visibilizar problemáticas.
La transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios en la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que realmente implica un cambio en los protocolos de actuación frente a manifestaciones y disturbios en Colombia. Entre esos: la priorización de la comunicación con los manifestantes para prevenir la escalada de conflictos, capacitación u formación en derechos humanos para los miembros de la policía y transparencia y rendición de cuentas.
Lo malo
A pesar de que las protestas enviaban un mensaje clave sobre la necesidad de superar las desigualdades en Colombia, a raíz de estos movimientos sociales, se generó una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado por la creciente corrupción. Además, aumentó la polarización política.
Lo feo
En las protestas del estallido social se registraron 940 casos de abuso policial y exceso de fuerza, 21 personas asesinadas, 672 detenciones arbitrarias, 136 intervenciones violentas de la fuerza pública, 12 víctimas de agresión en los ojos, 30 casos de disparos de arman de fuego, 15 casos de amenazas y hostigamientos y 4 víctimas de violencia de sexual (Organización Temblores, 2021).
De estas cifras, hubo un caso que incendió aún más el estallido social, la muerte de Dilan Cruz por un proyectil disparado por el capitán de la Policía Nacional, Manuel Cubillos Rodríguez del antiguo ESMAD. A la fecha, tan solo existe un proceso disciplinario de la Procuraduría General de la Nación que sancionó al capitán Cubillos con una multa de 14 millones por su actuación en las protestas y, el respecto del proceso penal, la Corte Constitucional determinó que correspondía a la justicia ordinaria conocer el caso, pero hasta hoy no hay condena.
Sobre los 939 de casos restantes, solo un pequeño porcentaje ha resultado en sanciones efectivas.
Ñapa: el ejercicio de la protesta y la movilización ciudadana se ha desgastado y ahora es usado como un termómetro para medir las próximas campañas y el apoyo al gobierno, desnaturalizándose su propósito y fin.
@Lore_Castaneda
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