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Claro que no, uno se termina ahogando. Y lo más triste es que nuestro salvavidas no sólo está pinchado, sino que, además, está encerrado bajo llave. Esta es la situación del acceso a medicamentos necesarios para la salud y la vida en Colombia.
Hasta abril de este año los colombianos contábamos con un salvavidas en óptimas condiciones, llamado “declaración de interés público”, consistente en el derecho que tiene el Gobierno de declarar como de interés público un medicamento monopólico y así poder tomar medidas para bajar su precio. Sólo nos hemos permitido utilizar este salvavidas una vez. Una. Lo utilizamos en el 2016 para bajar en un 44% el precio del medicamento imatinib, empleado para el tratamiento de la leucemia y otros tipos de cáncer, lo que significó bajar el costo del tratamiento en cerca de 24 millones de pesos y un ahorro para el sistema de salud estimado por el Ministerio del ramo en más de 14.000 millones de pesos anuales. Gracias a ello hoy el imatinib es más accesible a los miles de personas que lo requieren y los recursos liberados pueden destinarse a satisfacer otras necesidades en salud.
Pero nos pasó algo inentendible e inaceptable: en vez de cuidar, pulir y usar al máximo este salvavidas que nos dio la mano (literalmente, salvó la vida de colombianos), el Ministerio de Comercio, con el aval de la capitanía del barco Colombia y sin el consentimiento del Ministro de Salud, expidió el Decreto 670 de 2017 que, en términos prácticos, pinchó y encerró bajo llave lo que era nuestro mejor flotador en la tormenta de medicamentos con precios escandalosos.
La “pinchada” del salvavidas
Antes del Decreto 670 de 2017 las declaraciones de interés público podían bajar el precio de un medicamento monopólico al permitir:
- La entrada de otro comercializador de dicho medicamento que ofrezca precios competitivos y/o
- El control directo del precio del medicamento monopólico.
Ahora, gracias al pinchazo causado por el decreto 670 de 2017, las declaraciones de interés público sólo podrán bajar el precio de los medicamentos “permitiendo” la entrada de oferentes con precios competitivos (lo que hasta ahora ha sido imposible). Adiós a la eficiente alternativa de control directo de precio a medicamentos declarados de interés público, que fue justamente por la que el ministerio de salud optó para el caso imatinib.
Encerrada bajo la llave del salvavidas
Lo que antes era un Comité Técnico del Ministerio de Salud para recomendar al Ministro declarar o no de interés público un medicamento (es decir, usar o no el salvavidas) ahora será un Comité conformado por un delegado del Ministerio de Salud, uno del Ministro de Comercio y otro del Director de Planeación. Con esto, ya no serán las vidas de las personas que requieren el salvavidas el principal criterio de decisión, sino que también se priorizarán consideraciones como la protección de la inversión extranjera y los intereses comerciales de la industria farmacéutica multinacional. De esta manera, esa llave para usar el salvavidas como que quedó bien escondida.
Han transcurrido 4 meses desde lo que podría llamarse un auto-atentado y seguimos diciendo a todo pulmón que al salvavidas hay que “despincharlo” y quitarle la llave ya. Es decir, que hay que derogar el Decreto que lo pinchó. No después, cuando llegue un huracán y acabe con la vida de miles de colombianos, sino ya. Basta un medicamento de precio astronómico que sea requerido por miles de personas, para que los recursos de la salud se agoten y los 45 millones de pasajeros de este barco nos quedemos sin atención en salud, pero eso sí, con un salvavidas pinchado y bajo llave.
pregunta de ignorante, no se puede denunciar penalmente a quien elaboro este decreto por atentado directo contra la salud de los colombianos y que pague cárcel?
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Gustavo, no estamos seguros. Habría que consultar a un abogado penalista para tener su opinión. Por ahora hay que buscar que ese decreto sea derogado. Gracias por comentar.
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