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De un tiempo hacia acá se ha venido dando en el país un sinnúmero de espacios de controversia alrededor de cómo oxigenar todo el andamiaje político nacional, debido a que no es un secreto para nadie que la política criolla está en gran medida coartada por grandes tentáculos de clientelismo y corrupción.
En tal lógica, ha sido común escuchar discusiones y una multiplicidad de debates respecto a varios asuntos, entre ellos, las cualidades del voto preferente y las que representan las listas cerradas para las diferentes elecciones a corporaciones públicas, tales como los Concejos Municipales, las Asambleas Departamentales, las Juntas Administradoras Locales y el Congreso de la República.
Por ello, en la apresurada reforma política que cursa en el congreso – que de aprobarse tendrá posiblemente más efectos negativos que positivos para la política colombiana-, uno de los puntos más álgidos es la posibilidad de tener listas cerradas en los futuros marcos electorales. Es de suma importancia recalcar que según se escucha en los pasillos de la Cámara de Representantes y del Senado, tal reforma política será aprobada por los parlamentarios.
Ahora, en honor a la objetividad se debe precisar que si bien estas listas que pueden tener buenos resultados en algunos contextos, y en el papel ayudarían a atacar problemáticas como la indisciplina partidaria y la corrupción electoral, en Colombia no tendrían seguramente los mejores efectos. Y, más bien, sería una medida contraproducente que terminaría acotando las posibilidades de nuevas figuras o actores alternativos en la política.
En este orden, la consecuencia más grave de establecer las listas cerradas en nuestra democracia, es que básicamente se va a congelar aún más el sistema político, facilitándole en mayor medida el camino a los liderazgos de larga duración de determinados sectores y grupos, que se han caracterizado por tener hegemonías políticas desde hace décadas. En otras palabras, las corporaciones públicas posiblemente estarán coaptadas en mayor número por los grandes caciques electorales y por los llamados “delfines políticos”.
Así mismo, el creer que establecer listas cerradas y bloqueadas de manera obligatoria sería el paso más adecuado para mejorar la cohesión partidaria no es muy preciso para el escenario nacional. De hecho, me atrevería a decir que listas de este tipo lo que traerían consigo sería una sobredimensión en la implosión de nuevas colectividades, es decir, se van a crear movimientos políticos y partidos de manera exacerbada e innecesaria, sin compromisos verdaderos ni sustentos ideológicos claros.
Según lo anterior, y de manera más simple, surgirían con estas listas cerradas un enorme número de partidos plataforma o partidos trampolín, que serían creados por determinados grupos hegemónicos o varones electorales para alcanzar cierto número de curules, gracias a que en las colectividades tradicionales o ya consolidadas no habrían “renglones rentables” o “renglones elegibles” Esto generaría, en últimas, un control más complejo y una rendición de cuentas menos transparentes en los sujetos que detenten en el próximo tiempo los cargos de las corporaciones públicas.
Por su parte, el creer que las listas cerradas ayudan a disminuir la corrupción electoral, es un argumento bastante utópico para una latitud como la colombiana, gracias a que se pasaría del hecho ilícito de comprar votos en las calles para candidatos corruptos, a establecer listas que posiblemente estarían construidas a dedo, según el poder de influencia económica o política de los actores que quieren participar de las elecciones. Es más, en relación a la construcción de listas, la actual reforma política que se tramita en el país es tan lánguida que no propone de manera concreta qué mecanismos democráticos se utilizarían dentro de los partidos para la edificación de las mismas.
En este orden, lo más prudente es hacer un llamado a nuestros parlamentarios de que si quieren por fin tener algún día elecciones libres, limpias y competitivas, no comentan el craso error de obligar a cerrar todas las listas en un cercano, mediano ni largo plazo, porque no es conveniente que se exija o induzca a los partidos y movimientos ciertas dinámicas que deben ser de decisión interna. En otros términos, cada colectivo es el que debe decidir mediante el consenso interno si quiere obtener credenciales apostándole a una lista abierta que abogue por el voto preferente o si quiere decantarse por proponer una lista cerrada.
