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WhatsApp-Image-2020-06-08-at-10.49.20-AMPor: Juan Sebastián Prieto

Esta semana el Gobierno Nacional informó que se encuentra lista la hoja de ruta para realizar los primeros pilotos de fracking sobre yacimientos no convencionales. El anuncio incluye la expedición de parámetros técnicos, ambientales y sociales.

Ahora bien, la industria petrolera debe reconocer que su principal reto es superar la conflictividad social en los territorios. Al respecto quisiera resaltar tres ideas: i) La ambigüedad de las normas afecta las garantías constitucionales y la consolidación de proyectos de inversión, ii) los proyectos de inversión no reemplazan al Estado colombiano, iii) El Estado y las empresas privadas deben lograr retribuir a las comunidades en los territorios.

i) Sobre la ambigüedad de la norma es pertinente mencionar que el Estado colombiano ha hecho un gran esfuerzo por configurar un diseño institucional que garantice derechos y a la vez promueva la inversión en proyectos de desarrollo económico. Lastimosamente los procesos de licenciamiento ambiental y de exploración no están alineados con la configuración de áreas ambientales y culturales protegidas por la ley. Por ende, es posible que los inversionistas desconozcan que sus licencias puedan afectar zonas forestales, áreas de páramo o territorios indígenas, peor aún, el mismo Estado puede desconocer el estado actual de sus licencias y permisos.

La falta de aplicación de los principios administrativos de coordinación, concurrencia y subsidiaridad por parte de las diferentes entidades involucradas como las autoridades ambientales, Ministerio del Interior, entes territoriales y Ministerio de Minas y Energía, no solo genera incertidumbre dentro de los inversionistas, sino que también afecta el desarrollo pleno de garantías y derechos constitucionales.

ii) Las empresas petroleras hacen presencia en regiones donde el Estado no ha llegado o su presencia es escasa, lo cual es prueba de la debilidad de las entidades públicas. Lo anterior ha representado un desafío histórico para la industria petrolera, pues las empresas han tenido que enfrentar no solamente los retos técnicos, sino también las consecuencias del abandono estatal.

Las condiciones de pobreza y de precariedad son más marcadas en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Durante los últimos años los hechos de conflictividad social en contra de la industria petrolera han aumentado, así pues, si bien es un fenómeno multicausal, sí tiene estrecha relación con procesos sociales complejos que el país no ha logrado superar en su devenir histórico.

De conformidad a los informes de la Organización Crudo Transparente, a lo largo de 2019 se presentaron 46 hostigamientos directos en contra de la infraestructura petrolera del país, por parte de organizaciones criminales o de delincuencia común. Adicionalmente, las manifestaciones, huelgas y bloqueos en contra de las empresas, especialmente en zonas de Meta, Santander y Norte de Santander, son constantes y se caracterizan por el reclamo de contratación de determinados servicios, ampliación de vacantes de trabajo o la ejecución de intereses particulares. Las protestas también se han presentado en los municipios que conforman la cuenca del valle medio del Magdalena donde se realizarán los pilotos de fracking.

iii) Las industrias extractivistas deben ser un motor de desarrollo para las regiones del país, este proceso se debe dar en dos vías: primero, el retorno económico que percibe el Estado a través de las correspondientes carga tributarias, por ejemplo, el cobro de regalías, impuestos al transporte de hidrocarburos y los cobros por aprovechamiento de recursos ambientales; segundo, el desarrollo privado conlleva la vinculación de nuevos grupos poblacionales a una economía formal, es decir, las empresas requieren de la contratación de mano de obra calificada y no calificada proveniente del área de influencia.

En este escenario se resaltan dos planteamientos sobre la esfera pública y privada. Primero, el Estado colombiano ha demostrado su incapacidad en convertir recursos de regalías en la realización de derechos como educación y salud.

Sobre la esfera privada: si bien la industria petrolera tiene una participación determinante en el producto interno bruto del país, dicha participación no es proporcional al número de empleos generados. Me explico, el desarrollo de proyectos de perforación o la construcción de grandes estructuras petroleras, como gasoductos, pueden generar un alto número de empleos en una región determinada (el Decreto 1668 de 2016 ha jugado un papel determinante), pero lastimosamente estos proyectos no son constantes y se ejecutan en un periodo de máximo un año, por lo tanto, no son soluciones de empleabilidad definitivas.

La opinión pública se ha enfocado en los riesgos técnicos que puede generar el fracking sobre yacimientos no convencionales, pero es necesario que las entidades públicas y las empresas concentren sus esfuerzos en superar la conflictividad social en los territorios.

Twitter: @sebasprietista

 

 

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Son un grupo de jóvenes que dan su visión particular sobre el acontecer político, cultural y social ante todo tratando de generar una reflexión critica.

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2 Comentarios
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  1. Excelente el comentario, satanizar una técnica extractiva sin conocimiento y replicando lo que dicen los medios es un error generalizado, cuando los gobiernos locales de robaban las regalías el petróleo era bueno, ahora que tienen que compartirlas es el causante de todos los males.

  2. El fracking si es el problema porque en el país más corrupto del mundo, todo lo tergiversan, todo lo corrompen a favor de la clase dominante, de las multinacionales hienas de los recursos del país, de todos aquellos que ofrezcan coimas, mermelada, contratos acomodados y leoninos y toda la demás parafernalia corrupta que se inventan para robarse lo que es del pueblo y dejarlo comiendo mier……coles

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