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Por Tatiana Jaramillo Cubillos
Desde hace días se ha generado gran polémica en torno al Proyecto de Ley «Cero Cacho» que quiere sacar adelante la Senadora Karina Espinosa, del Partido Liberal, el cual tiene por objeto modificar el modelo educativo formando en valores para prevenir varios problemas como consumo de drogas, acoso escolar, reclutamiento infantil, maltrato infantil, abuso infantil, suicidio en niños, niñas y adolescentes, pero en últimas el ‘’Cacho’’, que para este proyecto, según la senadora se interpreta como las conductas nocivas, inmorales y crueles que una persona comete contra otra y que amenaza la familia, la salud física y mental.
Pese a que este es un proyecto con enfoque más que todo pedagógico que no busca sancionar a los que ponen los ‘‘chachos’’, el título del proyecto por supuesto puso a temblar a varios, en especial hombres, ya que Colombia es el segundo país más infiel de Latinoamérica, según un estudio realizado por la empresa de investigación de mercado GfK y ocupó en 2019 el tercer lugar en un ranking mundial de los países más infieles, después de Tailandia y Dinamarca, acorde a un estudio del sitio web de citas Victoria Milan. Y cómo no, si en un estudio que realizó la Universidad Nacional en 2018, titulado «Infidelidad: Conocimiento, actitudes y prácticas en una muestra de población adulta de Colombia», se determinó que al menos el 64 % de los participantes había sido infiel en alguna ocasión y el porcentaje de hombres que reportaron haber sido infieles (68,2%) fue superior al de las mujeres (51,6%).
Las críticas por parte de varios progresistas y liberales de nueva escuela, no se hicieron esperar, pues han argumentado en redes sociales que el proyecto de la senadora Espinosa podría ser una intromisión innecesaria del Estado en la vida privada de las personas y que la infidelidad es una cuestión de libre elección y responsabilidad individual. También han mostrado su desacuerdo respecto a la superioridad moral con que este se presenta. Probablemente, aquellos indignados podrían estar en lo cierto si se analiza desde el artículo 15 de la Constitución, el cual vela por que el Estado respete y haga respetar el derecho a la intimidad personal y familiar.
Sin embargo, como la Constitución también establece que el Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de las personas y promover el bienestar general de la sociedad, la intervención del Estado en asuntos que afecten la salud pública y el bienestar social se podría justificar y es que, en ese sentido la senadora no está nada descabellada, pues está demostrado que la infidelidad nos está generando una serie de problemas sociales que, efectivamente, tiene un costo para el Estado, como depresión, ansiedad, disfuncionalidad en las familias que genera conductas violentas y así mismo, el incremento de enfermedades de transmisión sexual. Por ende, es innovador apelar a estrategias que trasciendan de la atención a la prevención con herramientas como la educación puede ser más eficiente presupuestalmente.
Tal vez, el gran error que puede tener este proyecto es querer meter una serie de problemas en una sola bolsa, atribuyéndolas de forma directa a una conducta que es muy difícil de prevenir o incluso erradicar, no solo por la naturaleza de los seres humanos, pues las preferencias y comportamientos sexuales pueden variar ampliamente entre los individuos, pero también teniendo en cuenta las circunstancias de la época en que vivimos, donde han ocurrido cambios en las normas y valores culturales en relación con la monogamia y la fidelidad en las relaciones de pareja, pues ser infiel desde 1980 en Colombia ya no es un delito penal. Del mismo modo las tecnologías de la comunicación, como los teléfonos inteligentes y las redes sociales, han hecho que sea más fácil para las personas conectarse con otros y mantener relaciones secretas, claro, sin omitir otros factores inherentes a toda relación en cualquier época como las dificultades en la relación de pareja.
Sin embargo, la intención del proyecto es buena en cuanto a que busca fortalecer y reconstruir el tejido social desde la niñez, en un país donde la tasa de madres solteras supera el 50 %, a través de la promoción de valores como la honestidad, la confianza y el respeto en las relaciones de pareja para prevenir la infidelidad, pues los niños pueden sufrir diversas secuelas cuando sus padres son infieles y efectivamente, como hija de padres separados donde hubo infidelidades de por medio, corroboro varias de las secuelas que se mencionan en la literatura, pues además del impacto emocional y financiero que genera la separación, me llegué sentir abandonada, traicionada, enojada, ansiosa, deprimida y confundida acerca de mi propia identidad y relaciones interpersonales.
Debe tenerse en cuenta que el proyecto tan solo está en borrador y deberá pasar por cuatro debates en el Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si se mira el trasfondo más allá del título, para que pueda ser aprobado y cumpla tal vez con el propósito con que lo formularon y tenga beneficios en la salud pública así como en el orden social del país, podría reformularse con una óptica de cátedra de «responsabilidad afectiva» complementaria a la de educación sexual dentro de los currículos, en vez de «Cero cacho», en aras de educar a los jóvenes sobre la importancia de construir relaciones afectivas sanas y responsables, y fomentar la empatía y el respeto hacia las personas con las que se relacionan, lo cual en el mediano y largo plazo podría tener efectos positivos en la salud mental y emocional de los colombianos, así como en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
