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La reciente denuncia de Venezuela de la convención interamericana de derechos humanos es un hecho que puede marcar el futuro de la sociedad de ese país de manera dramática. La comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) es quizás uno de los pocos organismos de la OEA que funciona de manera efectiva. Su accionar se ha dedicado a denunciar y hacer públicos los abusos a los derechos humanos en todo el continente y, unido a la corte interamericana de derechos humanos, ha podido actuar decididamente, a nivel judicial y diplomático, en la defensa de los derechos humanos.

25 paises del continente hacen parte de esta convención, que de manera general (no podemos decir que nunca haya ocurrido) en su accionar se ha mostrado alejada de motivaciones políticas o presiones diplomáticas. No basta sino con entrar a la pagina web hoy para ver denuncias de violaciones a derechos de personas en Brasil, México, Colombia o Estados Unidos, entre otros.

Lo que ocurre cuando un país no firma la convención (como Estados Unidos) o la denuncia para retirarse de ella (como lo hizo Trinidad y Tobago en los años 90 ó Venezuela), es que la comisión y la corte no tienen jurisdicción sobre esa nación, asi que su trabajo no puede pasar de la denuncia pública ante hechos conocidos por la comisión, un cuidadano de estos paises no podría ir ante la comisión o la corte a buscar apoyo y acciones del sistema interamericano porque no tendría la autoridad para actuar.

La CIDH es un instrumento que tienen los ciudadanos de América al que pueden acudir cuando sus derechos son vulnerados por los estados directamente, o cuando son violados y los estados no les prestan la atención y protección necesarias. Lo que hace Venezuela con esto es afianzar esa idea general en la región de que los ciudadanos de ese país cada vez pierden más sus derechos democráticos. El estado les está quitando una herramienta más para defenderse de sus abusos. La realidad de violencia, persecución de la libertad de prensa, corrupción, debilitamiento de los derechos democráticos, persecución y acoso a la oposición, entre otras violaciones, en Venezuela es evidente para toda la región.

El régimen de Hugo Chávez tenía dos caminos: Demostrar que su gobierno, aunque cuestionado por la comunidad internacional por todo esos hechos, es legítimo en su interés de defender los derechos políticos, civiles y humanos de su pueblo, mejorando su accionar en la protección de sus ciudadanos o aceptando el accionar de la CIDH. El segundo camino, que lamentablemente fue el escogido, era generar un mayor nivel de duda, ensombrecer el panorama de los derechos y la libertad en Venezuela, y eliminar las herramientas que su pueblo tiene para luchar por sus derechos. Venezuela parece alejarse cada vez de la legitimidad y su pueblo es que el sufre las consecuencias.

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