Las próximas elecciones regionales en Colombia serán una vez más la expresión del poder corrupto y criminal de congresistas y barones electorales que permanecen impunes o, en su defecto, detrás de las rejas o con casa por cárcel delinquiendo a su placer sin obstáculo alguno.
No menor resulta el poder manipulador y burdo de los medios de comunicación que mediante encuestas prostituidas y manipuladas siguen influyendo en este país incauto, dividido y condenado a la miseria.
Son las mismas las que muestran a un tal Juan Carlos Vélez como ganador de la Alcaldía de Medellín y a la joya de Luis Pérez Gutiérrez como futuro Gobernador de Antioquia, lo que significaría retroceder décadas en el crecimiento sostenido que viene teniendo la ciudad y el departamento, imagen y referencia para el país a pesar de los persistentes problemas.
Lo anterior se traduce en entregar a las mafias regionales y al poder autodefensivo de Álvaro Uribe los destinos de una ciudad que no pretende ser gobernada con venganza y sed de oposición, ni mucho menos ser el fiel reflejo de un municipio que como Bello es manejada por la familia Suarez Mira, la cual apoya al sujeto Luis Pérez, quien pretende, entre otras, llegar al poder, con el apoyo de personas condenadas por vínculos con paramilitares.
Y como si fuera poco, pretende gobernar la segunda ciudad del país, un personaje que como Juan Carlos ha vivido recientemente en la capital, quien entre sus propuestas está ser uribista y amar al personaje más investigado del país, el expresidente, Álvaro Uribe.
Sus limitaciones electorales no le permiten hacer campaña autónomamente sino antes por el contrario llevar al señor de poncho y sombrero y aparecer con él en la foto en toda campaña publicitaria porque al igual que todo uribista, sus votantes los pone el mesías.
Los paisas no pueden permitir que el dominio paramilitar y corrupto se tome el poder, sería no solo una desgracia para esta región sino para todo un país, que concentra parte de sus esperanzas en lo que ocurre allí, después de ser evidente los constantes descalabros en la región de la costa y el desastre en la capital, así como en muchas otras regiones donde los tentáculos de la ilegalidad han llegado al poder para perpetuarse.
Los recientes avances en el proceso de paz no aseguran, obviamente, una estabilidad social en el país, pero firmar la paz con el grupo terrorista y criminal de las FARC, y ser a la vez gobernados por una elite política criminal y mafiosa, es una contradicción absurda, en un país que espera no atender una vez más a una masacre democrática las próximas elecciones.
No se puede permitir que «pasen» el uribismo y el santismo en esta región, su modus operandi polarizador y amenazante no nos van a infundir miedo, no se puede permitir que se convierta Medellín en la tribuna furibunda de la motosierra y los fusiles ni que se convierta Antioquia en el festín de la mermelada corrupta, clientelista y mentirosa.
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