La tierra, una conspiración de buena fe

Por: Jorge Iván Cárdenas

Apropósito del reciente problema de El Ubérrimo, el primer punto del Acuerdo de Paz, y el escaso desarrollo económico del sector agropecuario en Colombia, hay un ítem transversal en todo esto que afecta tanto a los de izquierda como a los de derecha, a las clases sociales más acaudaladas y a las menos favorecidas, y este ítem, es el problema de la tierra y sus derechos de propiedad.

Cuando de reformas agrarias se trata, Colombia es campeona en buenas intenciones. La Ley 200 de 1936 buscaba clarificar los derechos de propiedad y el desarrollo de nuevas vías para el derecho de distintos actores económicos de la sociedad sobre la tierra. La Ley 135 de 1961 motivaba la reducción de la inequidad, mediante una reforma estructural de reducir la concentración de la tierra y la reconstrucción adecuada de unidades productivas. La Ley 5 de 1973 buscaba capitalizar el sector primario, flexibilizando el crédito y redistribuyendo el ingreso de forma equitativa. Y así podríamos seguir con la Ley 6 de 1975, Ley 30 de 1988, Ley 160 de 1994 y sus múltiples reformas que han tenido la buena intención de aumentar el desarrollo del sector agrario en Colombia.

Y hablamos de buenas intenciones que no evolucionan a hechos claros; pues en el último censo agropecuario los resultados fueron poco alentadores, la concentración de la tierra es poco equitativa pues el 0.4% de la población es dueña del 46% de la tierra, la producción agraria es deficiente dado que solo se cultivan el 6% de las tierras rurales, los ingresos de los campesinos son paupérrimos con un promedio mensual de $200.000 y de los 5 millones de campesinos que tenemos, el 1% termina la universidad y el 65% no recibe asistencia técnica, ni créditos para mejorar su producción.

Ahora con el primer punto del acuerdo de paz, se pensaba tener una reforma integral al sector agropecuario, mediante la creación de un fondo de tierras que sería repartido a las unidades o familias más vulnerables del conflicto armado, pero esto quedo en buenas intenciones, dado que el proyecto de ley “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales” permite entregar terrenos baldíos a personas que no cumplen el termino de vulnerabilidad – mencionó el Senador Iván Cepeda – y existen unos beneficiarios a “título gratuito”, “parcialmente onerosos” y “completamente oneroso” que pueden recibir títulos. Estos últimos pueden poseer patrimonio superior a 368 millones y, aun así, recibir tierra.

En este proyecto de ley también se plantea, el derecho de uso de la tierra, mas no el derecho de propiedad de la misma sobre los menos favorecido. Se modifica la definición de Unidad Agrícola Familiar, ósea la cantidad de tierra que debe tener una familia para subsistir y formar su patrimonio. Pero también se evidencia en los borradores y en los diálogos del proyecto unos intereses privados que están detrás del poder, y el termino de eficiencia de la tierra, defendiendo que los costos marginales de producción son menores para aquellos que ya poseen factores productivos.

Sin embargo, el verdadero problema político de la tierra está en lo siguiente: de las 43 millones de hectáreas que hay para la producción agropecuaria, 33.8 millones se utilizan para producción ganadera, eso significa que el sector ganadero en Colombia tiene la mayor cantidad de tierra y alimentan un fondo de parafiscales por $80.000 millones de pesos anuales. Parafiscales que a la hora están pendiente de seleccionar su administración; siendo los dos posibles administradores FEDEGAN y la Nueva Federación de Ganaderos.

Antes del plebiscito, los primeros, ósea FEDEGAN, eran los principales administradores del fondo parafiscal del ganado, los más férreos opositores al acuerdo de paz y principalmente del primer punto del acuerdo, dado que, según ellos, el primer punto del acuerdo vulneraba la propiedad privada de las tierras que alimentarían el fondo de tierras. Los segundos, ósea la NFG, defendieron el acuerdo de paz y patrocinaron el sí en el plebiscito, con el único objetivo de afianzar las alianzas con el Gobierno para poderse quedar con la administración de los $80.000 millones de pesos anuales.

Pero ahora que el primer punto del acuerdo, está tocando la posibilidad de expropiar terrenos que no fueron adquirido dentro de la ley, o con irregularidades de asignación. Todos van en contra del primer punto del acuerdo. Recientemente la NFG – partidarios inicialmente del sí en el plebiscito – sacaron este comunicado de prensa indicando que no estaban de acuerdo con el primer punto del acuerdo de paz, demostrando que ellos también tienen intereses claros en el derecho de propiedad y en la adquisición de los parafiscales del sector ganadero.

Lo que deja por pensar, ¿el Gobierno está defiendo los intereses de la NFG? porque atando hilos, se podría suponer que unos de los motivos, de porque el proyecto de ley de tierras no va totalmente en concordancia con lo que se estipulo en la habana, sea a manera de hipótesis, de que la NFG hizo un reclamo al Gobierno nacional sobre el primer punto y los derechos de propiedad de la tierra, que obligó al mismo Gobierno a privilegiar los intereses de este gremio y no hacer un proyecto de ley que vaya de acuerdo con lo que se estipulo en la habana, para así seguir pagando favores y continuar decepcionando a lo que fuimos promotores del sí en buena fe y creímos que el acuerdo se podría cumplir a cabalidad.

Twitter. @JorgeIvCardenas