La reforma a la salud sigue acabando con todo, lo advertido en la parte I solo se ha agudizado y sus efectos cada vez son peores sobre el Sistema de salud actual, la legislatura y la gobernabilidad.
Con base en lo observado en el gobierno anterior y el actual, se podría estar pensando en el fin de la polarización, para aprovechar la oportunidad debe aparecer un estadista con argumentos de interés nacional.
Siete décadas de presidentes y alcaldes de la capital que se fueron dejando a los bogotanos sin Metro y un próximo alcalde que tiene que romper esa tendencia para no quedar en esa lista.
En un país de arraigado corte presidencialista muchas responsabilidades, como la de las reformas, recae en el ejecutivo, olvidándose a veces que los actos legislativos se dan en el Congreso de la Republica y son su responsabilidad.
La ética debe ser parte de todo proceso sano de decisión, en especial en los de leyes y selección a cargos de efecto sobre todo un país, el uso sensato de impedimentos la garantizan.
Así como la salud es transversal a todos los renglones de la vida nacional, la reforma a la salud, desde su inicio, ha afectado al ejecutivo, legislativo y judicial y la tranquilidad de los colombianos, ratificado por la reciente encuesta nacional.
En foro sobre reforma a la salud, se pudo observar que no están de acuerdo con esa reforma médicos, pacientes, hospitales, prestadores de salud, farmacéuticas, solo parece estar de acuerdo el representante del gobierno ¿es una reforma contra los colombianos?
La apoteósica manifestación de la Plaza de Bolívar de Bogotá, llena de simbolismos y patriotismo en cada poro de la Reserva de la Fuerza Pública de Colombia, envió inequívoco mensaje de democracia y respeto por las instituciones como garantía del estado de derecho.
Enfrentamos numerosas injusticias y abusos de empresas de servicios públicos, que entre más hegemónicas más sienten libertad de afectarnos, a pesar de tener entes de control que nos defiendan, pero en un monopolio en salud de parte del estado ¿quien nos defiende?
El Gobierno tiene intención de cambiar 200 años de evolución de leyes y condiciones en muchos campos, por sueños, que no tienen garantía de mejorar lo actual y, según expertos, si de empeorar todo. Se debe evaluar la única reforma aprobada antes de debatir una nueva.
